ULISES CARLÍN

Para mi, el derecho es el mejor instrumento para la convivencia social.

¿Quién es Ulises Carlín?

Profesor universitario

Servidor público

Abogado

Trayectoria en el servicio público a nivel municipal, estatal y federal

Conferencista

Creo en

  • Las diferencias, ideas y libertad de expresión de todas las personas
  • La ética, como eje de las decisiones cotidianas
  • La ley

Un profesionista que siempre se ha conducido con responsabilidad

Un abogado que cree en el trabajo en equipo para alcanzar resultados

¿Cómo Soy?

Un convencido del aprendizaje continuo

Un creyente de encontrar siempre la mejor solución a los conflictos (dilemas, problemas)

Mis Estudios

Licenciatura en Derecho:

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Maestría en Derecho Público:

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Doctorado en Derecho:

Universidad de Monterrey

Cursos de actualización en Argentina y España

Experiencia Profesional

  • Poder Judicial del Estado de Nuevo León

  • Escribiente Juzgado Familiar y Secretario Penal

  • Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León

  • Director de Ordenamiento e Inspección

  • Gobierno del Estado de Nuevo León

  • Coordinador Jurídico en Dirección de Planeación Hacendaria
    Procurador Fiscal del Estado de Nuevo León
    Director Jurídico de la Oficina del Gobernador
    Consejero Jurídico del titular del Poder Ejecutivo

  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público

  • Director Jurídico en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas

  • Abogado en Temas Familiares, Civiles, Penales, Administrativos y Constitucionales

Conferencista

Universidad de Syracuse, Nueva York

Universidad de Glasgow, Reino Unido

Tecnológico de Monterrey, México

Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP), México

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Propuestas

  • Aplicar la ley de manera imparcial.
  • Acabar con el rezago, para que los procesos judiciales no sean largos y tortuosos.
  • Emitir sentencias en beneficio de la gente.
  • Dar prioridad a juzgar actos de corrupción.
  • Devolver la confianza de la comunidad en el estado de derecho.
  • Acabar con el rezago de expedientes.
  • Fortalecer su rol como un contrapeso a las decisiones de los poderes.
  • Atacar los señalamientos de corrupción.